Por: El Marqués 

Con números y hechos específicos, en el Congreso del Estado dejaron ver el rosario de irregularidades que el gobierno de Román Alberto Cepeda González arrastra por más de 531 millones de pesos, que van desde sueldos sin sustento hasta contratos adjudicados ‘en lo oscurito’.

La Diputación Permanente aprobó el dictamen que solicita a la Auditoría Superior del Estado un informe detallado de las observaciones no solventadas en las cuentas públicas de 2022 y 2023, y además, aclare si ya interpuso denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa o cualquier otra autoridad competente.

El punto exhibe un problema que el gobierno municipal pretendió ocultar.

Le dan forma

Lo de este martes en la Diputación Permanente fue una formalidad, pero finalmente necesaria. Hace dos semanas, Antonio Atolini Murra ventiló las carátulas de dos denuncias que la Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el evidente desfalco en Torreón.

Aun así, los diputados aprobaron el acuerdo para solicitar oficialmente el informe. Un paso más en el trámite que apunta a engrosar el expediente —ya de por sí bastante cargado— de irregularidades en el gobierno de Román Alberto Cepeda González.

Contra la pared

En más de esto: las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Manuel Ramírez Briones, se convirtieron en denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, de Karla Samperio Flores. Fiscalmente se trata de casos en los que el alcalde de Torreón y su tesorero, Óscar Luján Fernández, no pueden defenderse, pues corresponden a las cuentas públicas de 2022 y 2023, y los plazos para aclaraciones y para rebatir los resultados de las auditorías ya expiraron. El tema ahora es de carácter penal, y la idea es que las investigaciones muestren hasta dónde y a quiénes salpica la responsabilidad.

Las últimas consecuencias

Manolo Jiménez Salinas fue claro al reiterar la colaboración de su gobierno con las autoridades federales a cargo de las investigaciones por el histórico decomiso de ‘huachicol’ en patios ferroviarios de Saltillo y Ramos Arizpe.

Confió en que las indagatorias avancen y, además de resolver dudas sobre la procedencia del combustible y la logística de su traslado, permitan identificar y detener a los responsables. En síntesis, el asunto debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Sin prisa

En el Palacio de Coss comenzó el periodo de receso y, con ello, las funciones de la Diputación Permanente, pero la mayoría de los integrantes llegó sin ganas de meterse a la discusión de los temas de la orden del día de la primera sesión. La sesión arrancó con más de quince minutos de retraso porque, aunque muchos legisladores estaban en algún punto del recinto, no se dignaron a ocupar su asiento.

Durante buen rato, la presidenta de la mesa directiva, Olivia Martínez Leyva, y la secretaria, Delia Hernández Alvarado, esperaron con paciencia en sus lugares… ¿y los demás? Bien, gracias: Gerardo Aguado, Beatriz Fraustro, Alberto Hurtado, María del Mar Treviño, Edna Dávalos, Blanca Lamas, Luis Ponce… No hay distingo de colores ni de grupos parlamentarios.

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