Entre marzo y abril de 2025 el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, encontró en sus conflictos legales una razón para pagar con el erario a un par de despachos de abogados, uno en Torreón y otro en Saltillo, por una cantidad fuera de toda proporción para su defensa privada por asuntos personales: casi 19 millones de pesos por presuntos honorarios.
En medio de una ofensiva judicial emprendida como respuesta a las investigaciones periodísticas acerca de su gestión, y en un contexto de conflictos políticos e ingobernabilidad en el Municipio que administra desde 2022, amén de liderar la lista de sujetos observados con irregularidades por las auditorías del Estado y de la Federación, el Edil de La Perla de La Laguna requirió los servicios de un bufete en la capital de Coahuila, por un lado, y a su vez enmascaró un desvío millonario de recursos utilizando una sola factura.
El 24 de abril fue presentado un comprobante fiscal por 16 millones 344 mil 156 pesos a la Tesorería de Torreón, a favor de Servicio y Consultoría Goya, sociedad civil que tiene a Víctor Alfredo Chávez Chagoya por representante; se trata de un abogado de 34 años egresado de la Universidad Autónoma de Durango, extensión Gómez Palacio, cuya cédula profesional data de 2017 y por despacho identifica una modesta vivienda de la colonia Navarro, en Torreón, sin ningún rótulo que le identifique.
Chagoya, sin embargo, aparece como accionista en cuatro sociedades mercantiles constituidas en Torreón entre 2022 y 2024 aunque con domicilio fiscal en Gómez Palacio; periodo que coincide con el primer trienio encabezado por Román Alberto Cepeda.
Se trata de Advanced Manufacturing and Coatings Solutions, S.A. de C.V., dedicada básicamente a la soldadura; Grupo Inmo Transpacífico, S.A. de C.V., cuyo negocio son los bienes inmuebles; y Fopem, S.A. de C.V., persona moral constituida a fin de administrar cuentas individuales de trabajadores afiliados al ISSSTE.
Cosa curiosa: en las tres sociedades mencionadas, figura como comisario Gabriel Estrada Hernández, quien a su vez es dueño de Comercializadora Aura Imal, razón social que participó en la adjudicación con un sobrecosto injustificado de 3 millones 683 mil pesos en focos ahorradores, ejecutada por el propio Municipio de Torreón, caso que se publicó aquí en diciembre de 2024.
Sin embargo, la cuarta empresa en la cual Chagoya es socio, Copinvest, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, destaca por su objeto social: “recibir depósitos de dinero” , básicamente.
Creada el 20 de diciembre de 2022 en una Notaría de Torreón pero sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sin operaciones al público, Copinvest tiene la facultad para gestionar cuentas bancarias, créditos, hacer pagos, comprar y vender divisas, o recibir y enviar dinero.
Dicho de otra forma: 16.3 millones de pesos de presupuesto municipal fueron a parar con alguien que además de ser abogado litigante, se dedica también al ahorro, préstamo e intereses, dispersando las transferencias que recibe.
Cortita y al pie
Y luego está la defensa en litigios que nada tienen qué ver con el Ayuntamiento de Torreón.
El 25 de abril del año en curso, es decir, un día después de formalizarse los referidos 16.3 millones de pesos por supuesta asesoría jurídica y representación legal con el “prestamista”, se sumaron a la cuenta pública de Presidencia Municipal otros 916 mil 701 pesos a favor de “1416 Legal Support”, despacho jurídico ubicado en Saltillo, quien previamente había facturado al Ayuntamiento de Torreón una cifra prácticamente idéntica el 10 de diciembre de 2024: 913 mil 955 pesos.
A su vez, otros dos certificados fiscales verificados en el SAT fueron pagados a “1416 Legal Support” el 6 de marzo, ambos por 104 mil 400 pesos, y uno más al día siguiente por una cantidad similar. El 11 de marzo la misma firma legal cobró un documento adicional por 295 mil 295 pesos. Así, el total asciende a 2 millones 439 mil pesos.
La última y nos vamos
Un precio alto pero en los límites tolerables para una prestación de servicios que, por lo demás, es ilegal, pues configura el delito de malversación o peculado, tipificado en el artículo 223 del Código Penal Federal.
madpf
